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Sin ingresos no hay mínimo vital

    

         El Tribunal Supremo ha afirmado recientemente que si el progenitor no tiene ingresos, no puede fijarse el llamado “mínimo vital”, es decir, la cantidad mínima imprescindible para el desarrollo de los hijos menores en condiciones de suficiencia y dignidad, a los efectos de garantizar, en la medida de lo posible, un mínimo desarrollo físico, intelectual y emocional, con objeto de cubrir las necesidades de alimentación, vestido, educación, ocio, etc. del alimentista.

 

        En el supuesto analizado, el padre no percibía ningún tipo de ingresos, motivo por el cual interpuso una demanda de modificación de medidas con el objeto de suspender la pensión alimenticia hasta que obtuviese algún tipo de ingresos.

        En primera instancia la demanda fue desestimada. No obstante, el padre interpuso el correspondiente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, la cual dictó sentencia por la cual se acordó suspender temporalmente la pensión alimenticia hasta que el padre obtuviese ingresos de cualquier tipo, tras lo cual volvería a reanudarse la pensión de alimentos decretada.

        Frente a dicha resolución, la madre interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue desestimado por estos motivos:

 

        “Ocurre así en este caso -carácter muy excepcional- en atención a los datos que valora la sentencia recurrida. El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC. Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

 

        La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”, que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias hasta que se procure una solución al problema por parte de quienes están en principio obligados a ofrecerla, como son los padres”.

 

        En resumen, si el progenitor obligado al pago de la prestación alimenticia no percibe ningún tipo de ingreso (no confundir con ingresos exiguos o escasos), es posible suspender dicha obligación hasta que el mismo obtenga cualquier tipo de retribución.


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